MULTA DE MIL EUROS Y LA RETIRADA DE LAS PLACAS SOLARES PARA LAS MADRES CLARISAS

Instalaron sin licencia unos paneles en el patio trasero que contravienen la protección que pesa sobre el convento del siglo XIII

Diario de Burgos - 18/03/2014

 

La comunidad religiosa de las madres Clarisas, con residencia de clausura en el convento de Santa Clara, tendrá que hacer frente a una multa de 1.000 euros por la colocación irregular de un panel de placas solares en el patio trasero del cenobio. Así lo ha dispuesto la Concejalía de Licencias después de instruir el expediente sancionador abierto a finales de verano de 2013, momento en el que, además, se comunicó la obligación de retirar la instalación.

Las religiosas solicitaron el oportuno permiso para hacer la obra, pero lo hicieron a hechos consumados. Al parecer, y según se pudo comprobar en la citada Concejalía cuando se tuvo conocimiento del caso, no fueron advertidas por el instalador del procedimiento a seguir, por lo que se consideró que las Clarisas habían obrado en la buena fe de lograr un ahorro energético muy necesario para una construcción de las dimensiones del convento, pero en contra de la normativa.

En primer lugar porque debieron solicitar antes la licencia y presentar los planos para ser revisados por los técnicos municipales. De esta forma se habrían evitado incurrir en otra infracción a la legalidad urbanística, la vinculada a la especial protección que pesa sobre el edificio.

Según el Plan Especial del Centro Histórico, que alcanza al convento del siglo XIII, el más antiguo en el que se ejerce la vida comunitaria de clausura con la excepción de Las Huelgas, el edificio tiene protección integral. Esta catalogación blinda la totalidad del edificio, «preservando todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento del patrimonio».

Convento de Santa Clara

Convento de Santa Clara

Al haberse instalado las placas como ‘postizo’ de la fachada Sur, la citada normativa se ha conculcado y de ahí que se exigiera la retirada de la instalación (algo que no se ha hecho). Aparte se ha instruido el expediente sancionador por no haber solicitado la autorización administrativa, que fue considerada una falta leve cuya sanción oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros. Durante el periodo de alegaciones no presentaron objeción alguna a los dictámenes de la administración y el pasado 17 de febrero quedó firmada (y por tanto ya es firme) la resolución al procedimiento sancionador abierto el 22 de agosto de 2013.

 
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